Cómo defenderse de una expropiación forzosa

Qué significa defenderse de una expropiación forzosa

La expropiación forzosa es una privación singular de bienes o derechos por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización, según el art. 1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Defenderse no significa necesariamente impedir toda expropiación: puede consistir en comprobar si concurren los presupuestos legales, si el procedimiento expropiatorio se ha tramitado correctamente y si la compensación por expropiación refleja de forma adecuada el valor del bien y los perjuicios indemnizables.

Además del propietario, también pueden verse afectados otros titulares de derechos, como usufructuarios, arrendatarios u otros interesados, cuya posición habrá que identificar en el expediente expropiatorio y en la fase de valoración.

Qué aspectos del expediente conviene revisar desde el primer momento

Lo primero es pedir y revisar el expediente completo. La Ley de Expropiación Forzosa exige la declaración de utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación de bienes concretos. En este punto son relevantes, entre otros, los arts. 9 y 17 LEF: el primero conecta la expropiación con la previa declaración de utilidad pública o interés social, y el segundo prevé la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya expropiación se considera necesaria.

• Si la identificación de la finca o del derecho es correcta.
• Si el titular afectado ha sido adecuadamente llamado al procedimiento.
• Si la necesidad de ocupación está suficientemente concretada.
• Si existen errores materiales, de superficie, linderos, cargas o titularidad.
• Si se ha seguido la tramitación ordinaria o una ocupación urgente del art. 52 LEF.

La revisión temprana es clave porque, según la fase del expediente, unas objeciones servirán para discutir la legalidad de la expropiación y otras quedarán centradas en el justiprecio.

Cómo discutir la necesidad de ocupación o los defectos del procedimiento

La defensa ante expropiación suele empezar por las alegaciones sobre la necesidad de ocupación. Los arts. 17 y siguientes, y de forma más concreta los arts. 18, 19 y 20 LEF, articulan la información pública y la posibilidad de formular observaciones sobre la relación de bienes y derechos. El art. 21 LEF prevé la resolución sobre necesidad de ocupación, y el art. 22 contempla su publicación y notificación.

En relación con la impugnación, el art. 22 LEF indica que contra el acuerdo de necesidad de ocupación podrá interponerse recurso de alzada. También conviene tener presentes los arts. 24 y 25 LEF cuando existe mutuo acuerdo sobre la adquisición, pues esa vía puede evitar controversias posteriores si la oferta es adecuada; si no lo es, habrá que valorar si interesa seguir la fijación contradictoria del justiprecio.

Si se aprecian defectos de notificación, falta de audiencia, errores de identificación o problemas de motivación, puede ser útil invocar además las garantías generales de la Ley 39/2015. Ahora bien, el efecto concreto de cada defecto dependerá del acto afectado, del momento procedimental y de si ha producido indefensión real.

Cómo se fija el justiprecio y cuándo conviene impugnar la valoración

La diferencia esencial es esta: discutir la legalidad de la expropiación no es lo mismo que discutir solo el justiprecio. Lo primero se centra en la causa y en los trámites; lo segundo, en cuánto debe pagarse.

Respuesta corta sobre la valoración: en el justiprecio pueden discutirse el valor del bien o derecho expropiado, los criterios aplicados, los daños derivados que procedan y la corrección de la hoja de aprecio y de la decisión del jurado de expropiación.

Los arts. 29 a 36 LEF regulan la fijación del justiprecio. El art. 29 prevé la hoja de aprecio de la Administración; el art. 30, la del expropiado; y el art. 31 contempla que, si hay discrepancia, el expediente se remita al Jurado Provincial de Expropiación. El art. 34 se refiere a la decisión ejecutoria del jurado, sin perjuicio de la revisión jurisdiccional que pueda plantearse. Los arts. 35 y 36 contienen reglas sobre criterios temporales y sobre que las tasaciones deben ajustarse al valor que tengan los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin atender a plusvalías derivadas directamente del proyecto que motiva la expropiación.

Impugnar la valoración puede ser aconsejable cuando existan informes periciales sólidos, errores de clasificación, omisión de construcciones, cultivos, afecciones, servidumbres o derechos distintos del dominio. También pueden ser relevantes los intereses por demora en los términos de los arts. 48, 49, 52 y 56 LEF, aunque su aplicación exacta exigirá revisar fechas y actuaciones del expediente.

Qué vías de recurso pueden valorarse en una expropiación

No existe una única respuesta válida para todos los casos. Habrá que distinguir entre alegaciones en vía administrativa durante la tramitación, recursos administrativos cuando procedan por el acto impugnado y, en su caso, recurso contencioso expropiación ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a la Ley 29/1998.

Por ejemplo, una cosa es impugnar el acuerdo de necesidad de ocupación y otra distinta recurrir la resolución que fija el justiprecio. El art. 54 LEF admite recurso contencioso-administrativo contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de sus piezas separadas. Según el supuesto, también habrá que valorar la normativa general de recursos de la Ley 39/2015.

En los casos de ocupación urgente del art. 52 LEF, la rapidez administrativa no elimina el derecho a discutir la procedencia de la ocupación, la regularidad formal ni la cuantía indemnizatoria, pero sí obliga a revisar con especial cuidado los plazos y la documentación entregada.

Errores frecuentes del propietario expropiado y cómo evitarlos

• Confundir la oposición a la expropiación con la simple disconformidad con el precio.
• No solicitar copia del expediente expropiatorio completo.
• Presentar alegaciones genéricas sin documentos registrales, catastrales o periciales.
• No contestar en plazo a la hoja de aprecio o no justificar técnicamente la valoración del bien.
• Pensar que cualquier defecto formal anula por sí solo todo el procedimiento.

Como pauta práctica, conviene separar tres planos: legalidad de la expropiación, necesidad de ocupación y justiprecio. Cada uno exige argumentos y prueba distintos. La defensa real del propietario expropiado suele pasar por identificar pronto el acto relevante, conservar todas las notificaciones y contrastar la valoración con un informe técnico solvente.

En conclusión, las palancas más útiles para defenderse de una expropiación forzosa son revisar el expediente completo, detectar defectos que hayan podido causar indefensión y discutir con base pericial la valoración de bienes expropiados. Antes de decidir si alegar, recurrir o negociar, suele ser aconsejable analizar la documentación y el justiprecio con asesoramiento especializado.